El próximo 13 de abril Daniel Noboa y Luisa González se disputarán la presidencia de Ecuador en el balotaje tras las elecciones del pasado 9 de febrero en el que Daniel Noboa, el empresario del grupo Exportadora Bananera Noboa de Guayaquil, llegó primero con el 44,17%; y la candidata del correísmo, Luisa González, segunda con el 43,97%.
En la práctica, hubo un empate técnico: la diferencia entre los dos principales candidatos ha sido de apenas 19.756 votos, apenas un 0,20%. En tercer lugar, se posicionó Leonidas Iza, el candidato del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, con un digno 5,25%, casi 540.000 votos que ahora podrán ser determinantes para la elección del próximo binomio presidencial.
Iza se pronunciará solo a mediados de marzo, después del Consejo Político Ampliado de la Conaie, tras haber escuchado a las bases territoriales de esta organización indígena. Además, hay que tomar en cuenta un sustancioso 6,8% de voto nulo y más de dos millones de ecuatorianos que no votaron en la primera vuelta, que también pueden ser decisivos para la segunda vuelta. En síntesis, hasta el último momento el veredicto final será incierto.
Estado de excepción
Las elecciones presidenciales de 2025 se desarrollan en un contexto social y económico muy difícil para el país. Desde el 8 de enero de 2024 sigue vigente en Ecuador una situación permanente de Estado de excepción por grave conmoción interna después de la declaratoria del Decreto Presidencial n°111 en el que se ha declarado “el conflicto armado interno” con las 22 organizaciones criminales y actores no estatales beligerantes. Todo eso después del famoso asalto por parte de unos sujetos armados al canal televisivo TC de Guayaquil que se hizo viral a través de las redes en todo el mundo.
El mes de enero de este año ha sido el más violento de los últimos tres años. Según las cifras de la Policía Nacional, se registraron 732 muertes violentas hasta el 31 de enero, mientras que en el año 2024 se contabilizaron 428 homicidios. Las seis provincias más afectadas del país son Guayas, en la que se contabilizaron 357 asesinatos —casi el 40%—, Manabí, El Oro, Santa Elena, Sucumbíos y Tungurahua. En lo que va de 2025, 61 de las personas asesinadas han resultado ser menores de edad. Esta última cifra nos lleva a un fenómeno muy preocupante que viene confirmado por el Ministerio de Interior y por Unicef, que muestran un descontrolado aumento de asesinato de niños y niñas, por el incremento de la de violencia de las bandas delictivas del país.
A la crisis social y de seguridad hay que sumar una crisis económica en el país, fruto de los nuevos ajustes neoliberales después del renovado acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)
Según el informe de Unicef, en 2023 en Ecuador se han contabilizados 770 niños asesinados, lo que representa un aumento del 640% con respecto a los 104 del 2019. Además, este mismo organismo de la ONU declara en un informe que con el empeoramiento de la situación de seguridad se ha provocado el cierre temporal de escuelas privando a más de cuatro millones de niños, niñas y adolescentes de los servicios educativos adecuados. El mes de diciembre de 2024 se cerró con el dramático caso del asesinato de cuatro niños afrodescendientes en el barrio popular de Las Malvinas de Guayaquil. Un caso que ha generado mucha indignación no solo en la población afrodescendiente del Ecuador si no en todo el país y que traspasó las fronteras de Ecuador y que también alimentó protestas por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que condenó la desaparición y el posterior asesinato e incineración de los cuerpos de los cuatro niños: Steven (11 años), Josué (14 años), Saúl e Ismael (15 años).
A la crisis social y de seguridad hay que sumar una crisis económica en el país, fruto de los nuevos ajustes neoliberales después del renovado acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En 2024, el FMI aprobó un nuevo crédito de 4.000 millones de dólares convirtiéndose en el principal acreedor externo del país. junto con el Banco Mundial, estas dos instituciones representan dos tercios de toda la deuda multilateral del país.
Entre los efectos negativos del ajuste neoliberal del último año de Gobierno de Daniel Noboa, el economista ecuatoriano Pablo Dávalos demuestra en su última publicación —“Lo que entráis en el ajuste, perded toda esperanza: los acuerdos del FMI y el Ecuador 2019-2024”—, que el mismo ajuste provocó la pérdida de empleos para al menos 1.245.000 personas en términos de Población Económicamente Activa, según datos del INEC del 2024.
Además, esta situación ha generado otro fenómeno: una nueva ola migratoria de ecuatorianos hacia al exterior, muchos de ellos utilizaron una de las rutas más peligrosas del mundo para hacerlo, la ruta del Darién en el istmo de Panamá-Colombia. Según el economista Dávalos, de fondo hay un incremento de la pobreza: “El programa de ajuste estructural del FMI y el Banco Mundial habrían empujado a la pobreza al menos a un millón de hogares. Son hogares que, si el programa de ajuste estructural no se ponía en marcha, habrían mantenido su ingreso”.
Además, Unicef estima que la tasa de pobreza se incrementó en diez puntos porcentuales en 2020, empujando a 1,8 millones de personas en la pobreza”. Recordemos que la pobreza en Ecuador alcanza la tasa más alta desde la pandemia del covid-19, según los datos hasta el mes de diciembre del 2024. En Ecuador, hay 5,2 millones de personas viviendo en la pobreza con ingresos menores a 91 dólares, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas del Ecuador. Aumenta también la tasa de pobreza extrema en un año: desde diciembre de 2023 hasta diciembre de 2024 la pobreza extrema se incrementó en un 2,9%, de un 9,8% hasta el 12,7%. Con otras palabras y cifras, 432.581 personas pasaron a la pobreza extrema en 12 meses.
Análisis del voto
Analizando el voto territorial del pasado 9 de febrero, Noboa ganó en 14 regiones, en particular en la zona interna de la Sierra en las provincias de Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Cotopaxi, Chimborazo, Loja, Pichincha, Tungurahua. En el caso de esta última provincia se registró el mejor resultado de Noboa, en donde consiguió el 61% de los votos. Ganó en las provincias de la Amazonía de Morona Santiago, Napo, Pastaza y Zamora Chinchipe y, además, en las islas Galápagos. Noboa prevaleció también en las provincias con las concentraciones más altas de población indígena del país como: Chimborazo (38%), Cañar (40%) y Cotopaxi (22,1%). Por primera vez, después de las últimas tres elecciones presidenciales el correísmo perdió el voto fuera del territorio nacional en detrimento de Noboa que se posicionó en primer lugar en las tres secciones del exterior, es decir: Europa, Oceanía y Asia; Canadá y Estados Unidos, y Latinoamérica, El Caribe y África.
En cambio, la candidata Luisa González ganó en diez provincias, siete de las cuales están concentradas en la zona costa del país, dos en la Amazonía y solo una en la Sierra: El Oro, Esmeraldas, Guayas, Imbabura, Los Ríos, Sucumbíos, Orellana, Santo Domingo de los Tsáchilas, Santa Elena y Manabí. En esta última se registró el resultado más contundente para el correísmo, que ganó con el 63%. En el caso de la localidad de Jaramijo, la candidata Luisa González consiguió el 83% de los consensos.
El candidato Leonidas Iza no conquistó la mayoría de los votos en ninguna provincia del país. Sin embargo, obtuvo un satisfactorio resultado en su provincia, Cotopaxi, en donde se ubicó en el segundo lugar con el 28,7%, mientras que en las provincias con una gran presencia de nacionalidades indígenas consiguió porcentajes más que aceptables: en Bolívar, el 18%; en Chimborazo, el 17%; y en Imbabura, el 14%.
Con estos resultados la nueva Asamblea Nacional del Ecuador compuesta por 151 escaños —15 nacionales, 130 provinciales y seis del extranjero— se compone de 67 asambleístas de la Revolución Ciudadana, 66 asambleístas de Acción Democrática Nacional, nueve asambleístas del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, cinco asambleístas del Partido Social Cristiano, dos asambleístas provinciales, un asambleísta del Movimiento Construye 25 y un asambleísta de Unidad Popular. Sin embargo, según algunas denuncias levantadas por Andrés Arauz, excandidato presidencial de la Revolución Ciudadana, hay una serie de pruebas a su disposición que evidencian un presunto fraude en la provincia de Esmeraldas.
Una gobernabilidad estable del Ejecutivo necesita de 76 escaños, algo que los dos grandes partidos no tienen y, por ende, necesitarían de alianzas con otras bancadas
Según el economista de la Revolución Ciudadana hay unas actas llenas de inconsistencias que han afectado los resultados de la provincia que perjudicaron en particular a la candidata a la Asamblea Nacional, Danna Olarte, de la Revolución Ciudadana, que no fue elegida. Al momento, las denuncias de Andrés Arauz fueron tomadas en cuenta por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que aún no se ha pronunciado para evaluar la posibilidad de un recuento de votos en esta provincia. Si se comprueba el fraude, la Revolución Ciudadana ganaría un escaño más y pasaría a 68 escaños y el Partido Social Cristiano perdería un escaño quedándose con un solo asambleísta.
En la Asamblea Nacional del Ecuador para una gobernabilidad estable del Ejecutivo se necesitan 76 escaños para la mayoría absoluta, que los dos grandes partidos no tienen y, por ende, necesitarían de alianzas con otras bancadas. Las alianzas son parte del proceso de estrategia política aún en movimiento entre los diferentes grupos parlamentarios. Sin embargo, hay que esperar a la mitad de marzo para saber con certeza dónde se posicionarán los nueve asambleístas del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik.
La desinformación
En esta situación incierta, en donde cualquier resultado es posible, resulta clave lo que se genere en estos 45 días de campaña electoral, también en el espacio de la comunicación. Las fakes news hoy son parte de la disputa política y de la construcción de narrativas mediáticas y viajan a la velocidad de la luz y muchas veces sin contrastes o una verificación inmediata, parcial o total de los hechos. Sin embargo, resulta interesante lo que genera la plataforma digital Lupa Media que ha desmontado —hasta la fecha— una serie de noticias falsas a través del fact-checking.
Por ejemplo, una noticia desmentida ha sido la declaración del candidato Daniel Noboa sobre la salida del Ecuador de la “lista negra” de la Unión Europea de exportadores de droga. Lupa Media publicó que un funcionario de la Unión Europea había confirmado al medio digital que la Unión Europea no maneja una “lista negra” de países exportadores de drogas y que, además, otras agencias de la UE, como la Agencia Europea de Drogas y la Europol, recopilan datos estadísticos sobre incautaciones de drogas, pero esto no equivale a una “lista negra”. Por ende, se puede considerar falsa la afirmación de Daniel Noboa. Así como resultó falsa una supuesta propaganda que circulaba en las redes sociales desde el 19 de enero del 2025 en la que la candidata Luisa González promocionaba una tarjeta de beneficios sociales llamada “Así es”. Un análisis forense realizado por Sensity AI confirmó, con un 96% de probabilidad, que el video presenta manipulación facial.
¿Qué hará el movimiento indígena?
El movimiento indígena, mientras tanto, se organiza y se reúne a nivel territorial para tomar postura para la segunda vuelta. Con creciente expectación, se espera la resolución final del Consejo Político Ampliado del 7 de marzo para saber si el candidato Leonidas Iza, mediante el mandato colectivo, apoyará a la candidata Luisa González o se adoptará la abstención. Según el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, “hay tres posibilidades” frente a la segunda vuelta, pero ninguna de ellas es Daniel Noboa, ha declarado el máximo líder indígena el pasado 17 de febrero en una entrevista en Radio Pichincha. Mientras tanto, en el artículo “La izquierda entre la socialdemocracia y el neofascismo”, escrito por el mismo Leonidas Iza y Andrés Tapia Arias y publicado por el medio digital Jacobin el líder indígena adelanta sus ocho puntos de una probable negociación con Luisa González:
Declarar emergencia ambiental nacional, priorizando las zonas afectadas por la minería ilegal, como: Napo (Cantones Tena, Arosemena Tola), Orellana (Punino) Imbabura (Buenos Aires, Intag), Zamora Chinchipe (Parque Nacional Podocuarpus, Yacuambi, Zamora, Nangaritza), Morona Santiago (Zamora, Santiago, Makuma), Cotopaxi (La Maná, Pangua), Esmeraldas, Chimborazo (Pallatanga), Bolívar (Las Naves, Telimbela), Azuay (Sigsig, Ponce Enríquez), El Oro (Zaruma, Portovelo) Pichincha (Pacto) y demás territorios devastados por esta actividad.
El movimiento indígena, mientras tanto, se organiza y se reúne a nivel territorial para tomar postura para la segunda vuelta. Con creciente expectación, se espera la resolución final del Consejo Político Ampliado del 7 de marzo
Decretar moratoria minera a nivel nacional mientras se lleva a cabo una auditoría integral vinculante —incluyendo reversiones— a todas las concesiones, en especial a las licencias ambientales otorgadas para las distintas fases de explotación. Esto debe enfocarse en los proyectos: Mirador (Ecuacorrientes), Fruta del Norte (Lundin Gold), Curipamba (Curimining), la Plata (Atico Mining Corporation), Loma larga (Dundee Precious Metals Ecuador), Cascabel (SolGold), Buenos Aires (Hanrine), Napo (Terraearth Resources), Warints (Solaris). Asimismo, se debe impulsar la remediación y reparación de los pasivos ambientales en los cantones Eloy Alfaro (Esmeraldas), Arosemena Tola (Napo), Río Blanco y Ponce Enríquez (Azuay), Zaruma (El Oro), entre otros.
Declarar la emergencia ambiental en las zonas afectadas por minería ilegal, emprender procesos de auditoría y remediación de pasivos ambientales, y ejecutar un ordenamiento territorial participativo para regularizar la minería artesanal y de pequeña escala.
Otorgar amnistía e indulto a las personas luchadoras sociales de las Pampas, Palo Quemado, Pangua (Cotopaxi), Las Naves (Bolívar), Ventanas, Puebloviejo (Los Ríos) y otros territorios, criminalizadas por defender el agua, la memoria, la semilla y la vida.
Impulsar la gestión comunitaria de la Educación Intercultural Bilingüe, bajo la dirección de sus legítimos beneficiarios: pueblos, nacionalidades, comunas y comunidades indígenas, montubias y afrodescendientes. A la par, transversalizar la interculturalidad en el sistema educativo ecuatoriano.
Reformar el Código Orgánico Integral Penal para eliminar las figuras jurídicas empleadas en la criminalización de la protesta social (terrorismo, rebelión, paralización de servicios públicos), hoy usadas contra líderes populares.
Restituir las tierras campesinas expropiadas por la expansión de la agroindustria y el extractivismo, junto a la garantía plena de los derechos laborales: sindicalización, organización por rama de trabajo y derogación de reformas regresivas en materia laboral.
Respetar de manera irrestricta la autonomía de las organizaciones populares y rechazar la corporativización de la sociedad civil. Estas demandas no constituyen una agenda de cogobierno.
A pesar de su declaración, en algunos sectores del movimiento indígena se levantan dirigentes territoriales que no han esperado a la proclamación del Consejo Político Ampliado de la Conaie. Es el caso del Consejo Ampliado del Movimiento Indígena de Chimborazo (Comich), parte de Ecuarunari —confederación de los pueblos quichuas de la región interandina de Ecuador— y de la Conaie. Su líder, Fernando Guamán, declaró que han resuelto no apoyar a la candidata del correísmo, Luisa González. Steven Freire, coordinador de la Juventud de la Amazonía, llamó a “unir fuerza” para dar respaldo a Noboa. También el coordinador de Organizaciones Sociales del Ecuador (OSE) del Chimborazo, Klever Cepeda, del pueblo puruhá, manifestó su intención de apoyar a Daniel Noboa en la segunda vuelta.
Mientras, la candidata Luisa González por el momento ha recibido el apoyo de la Confederación de Pueblos y Organizaciones Indígenas Campesinas del Ecuador (FEI) hoy presidida por Wilman Sarango, quien ha destacado que los diez años de Gobierno de Rafael Correa han marcado un antes y después en la historia nacional. En cambio, resultó ser una fake news el apoyo de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas (Fenoc) para Luisa González que la misma candidata había publicado en su cuenta de twitter. Aunque Marcelo Ushiña elaboró un comunicado respaldando a Luisa González, la Fenoc aclaró que él no es su presidente ni representante legal legítimo.
Publicado en: https://www.elsaltodiario.com/ecuador/daniel-noboa-luisa-gonzalez-leonidas-iza-final-abierto-elecciones-ecuador
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